¡Piratas! (o sobre la mercantilización de la abogacía)

Hace unas semanas, una diputada del Partido Socialista, Margarita Robles, realizó unas declaraciones sobre el papel de los abogados en las reclamaciones sobre clausulas suelo. En concreto, la señora Robles dijo: “Todos sabemos que este decreto ley, que algunos de ustedes dicen que esta tan mal visto por los consumidores, resulta que, a lo mejor, por quien está peor visto son por aquellos que se frotaban las manos pensando que, a lo mejor, podían hacer negocio con las reclamaciones judiciales”. El decreto ley al que hizo referencia la diputada es el Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de clausulas suelo, decreto que regula la negociación que ha de emprenderse entre los bancos y los afectados por estas clausulas abusivas.

 

Tales afirmaciones tuvieron una respuesta inmediata por parte de Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, quien replicó: “Hacer estas duras afirmaciones descalificando a todo un colectivo en representación del primer partido de la oposición y aprovechando tu turno de palabra para defender el RD aprobado por el Gobierno es especialmente grave y solo sirve para atacar a unos profesionales que a diario dan muestras más que sobradas de su lucha en defensa de los derechos de la ciudadanía”.

 

Este intercambio terminó con unas nuevas declaraciones de la diputada Robles a la presidenta Ortega, de 1 de febrero, en la que afirmaba: “no concibo la realidad de la vida en España y en particular en la Administración de Justicia sin el trabajo serio, responsable y abnegado que realiza la Abogacía Española”.

 

Estos fueron los hechos de la polémica, sin embargo, como suele suceder en este país, los debates empiezan y acaban sin hablar de los verdaderamente importante, que siempre (o casi siempre) acaba olvidado en un rincón. En este caso, hay que distinguir dos elementos: el criterio de oportunidad y la mercantilización de la abogacía.

 

No hay nada malo en reconocer que la abogacía, como cualquier otra profesión, se nutre de las oportunidades. Es legitimo que cualquiera aproveche una necesidad especial de la sociedad para ofrecer sus servicios. Sin ir más lejos, esto fue lo que sucedió en el año 2008, cuando, al inicio de la crisis surgieron infinidad de abogados especializados en la gestión de las empresas que entraban en concurso de acreedores. Obviamente, los abogados se preocuparon por recibir una formación especializada para poder realizar correctamente un servicio tan técnico como este y, desde luego, a aquellos abogados que ejercieron el papel de administrador concursal les fue, por lo general, bastante bien.  Otro ejemplo: con el establecimiento de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en la ciudad de Alicante en el año 1994 (cuyo nombre actual es European Union Intellectual Property Office) florecieron los despachos y los abogados especializados en Derecho de la Propiedad Intelectual.

 

Se trata, a fin de cuentas, de saber adaptarse al entorno y ofrecer lo que este necesita: en un entorno rural habrá más casos relacionados con derechos reales y en un entorno urbano más casos mercantiles (dicho esto de manera muy general, claro). La oportunidad existe en toda clase de actividades humanas y, como decía, no considero que su presencia suponga un inconveniente para un ejercicio legítimo de la profesión letrada.

 

Ahora bien,  cosa distinta en la mercantilización que desde hace muchos años está sufriendo la profesión de la abogacía y que en mi opinión está suponiendo un grave deterioro del prestigio que siempre ha tenido y que debería seguir teniendo.

 

Que los honorarios de un abogados son de imposición libre en una fase prejudicial (por lo menos en Alicante) es algo que sabemos todos los que nos dedicamos al ejercicio profesional. El problema viene cuando se engaña al cliente diciéndole que va a poder emprender una acción judicial de manera gratuita. Y esto es lo que algunos despachos de abogados están ofreciendo a los afectados por clausulas suelo: servicios gratuitos.

 

Si bien la diputada Robles, por los motivos que fuese no dio nombres, yo sí que los doy por respeto a los compañeros que sí ejercen bien su trabajo y por encima de todo, por respeto a los afectados: hay dos despachos responsables de la mercantilización de la abogacía, Arriaga Asociados y Martínez-Echevarría Abogados.

 

Respecto al primero, un par de detalles llaman la atención. Afirman tener un porcentaje del 99% de éxito en sentencias de primera instancia y en apelaciones, lo que puede inducir a un error de base, como es pensar que un juicio es un mero trámite. Y es que, los bancos, y esto es importante decirlo, también generan sentencias, puesto que, en ocasiones, las clausulas no son abusivas y el cliente conocía desde un principio la naturaleza del contrato hipotecario que firmaba.  Con esto no estoy, ni mucho menos, posicionándome del lado de los bancos, a los cuales, vaya por delante, considero uno de los mayores responsables de la situación de crisis económica actual, que tanto dolor ha producido y a tantas familias ha afectado. No. Lo que quiero decir es que el derecho, a pesar de lo que los defensores de la doctrina iusfilosófica más avanzada digan, no es una ciencia, sino un arte. Esto significa que lo máximo que se le puede decir a un cliente es: “con las pruebas de que disponemos, existe una alta probabilidad de éxito, por lo que encaramos el juicio con suficientes garantías como para ser optimistas”  y no “el juicio lo ganamos”. Eso es, sencillamente, engañar al cliente. Y, por desgracia, es lo que han puesto de moda los despachos citados.

 

El argumento seguiría de esta manera: “Estamos tan seguros de que vamos a ganar que cobraremos al final, cuando usted recupere su dinero”. Bueno, hay varias cosas que decir. Primero, puede que el abogado aplace sus honorarios hasta el final del proceso, es su estrategia comercial y ahí hay poco que decir. Pero, y aquí está el problema, esto no implica que el procedimiento al completo sea gratis: el cliente tiene que hacer, como mínimo, un poder notarial en el que confiera al abogado ( o al despacho) un poder general para pleitos. Dudo que el notario lo haga gratis. Y este tipo de juicios, ordinarios ejercitando acción de nulidad por clausula abusiva ex. artículo 1.303 del Código Civil,  requieren la intervención de un procurador que, nuevamente, dudo que trabaje gratis.

 

Por otro lado, aplazar el cobro de los honorarios hasta la resolución del caso implica que estos serán mucho mayores que si se hubieran pagado al principio, quedándose con una cantidad de dinero que debería ir íntegramente al bolsillo del afectado.

 

Una profesión tan expuesta socialmente como la abogacía tiene que ser conocida por su integridad y por su función social. Si  el interés por “hacerlo fácil” de estos despachos es cierto y si de verdad creen que no hay mayor honor que defender a los afectados por los bancos ¿qué mejor opción que trabajar en ese tipo de casos ad honorem, es decir, de manera completamente gratuita? La respuesta es fácil: porque si se hiciera de esa manera, quizá no tendrían los fondos suficientes para que Iker Casillas o Carlos Herrera publicitaran su producto.

 

Es curioso que los despachos más prestigiosos de España, como Uría Menendez, Cuatrecasas y Garrigues no anuncien sus servicios para este tipo de casos: ellos saben mejor que nadie que los servicios de un abogado se pagan y que trabajar “a éxito” es simplemente una estrategia pasajera de marketing, que en ningún caso equivale a un servicio jurídico de calidad.

 

Alguien podría replicar: ¿y que pasa con aquellos que no tienen dinero para pagarse un abogado? ¿es que solo los ricos tienen derecho a resarcirse de las injusticias?

 

Si el abogado es honrado, puede hacer dos cosas. Primera, si de verdad considera que la causa que defiende es justa y cree en ella de manera sincera, pondrá todos los medios para que el cliente pueda obtener justicia: se me ocurre, por ejemplo, reducir los honorarios y permitir que estos se paguen a plazos, pero nunca obtenerlos de una indemnización que por justicia ha de corresponderle de manera completa al afectado. Y segunda, si aún así el servicio resulta excesivamente gravoso, el abogado tendría que aconsejarle al cliente que acudiera al servicio de asistencia jurídica gratuita que tan correctamente realizan todos los Colegios Profesionales de Abogados de España.

 

Como conclusión, uno se encuentra en un escenario en el que convergen, como es tradición, el quijotismo y el sanchopanzismo: por un lado, los abogados tenemos que estar sin fisuras al lado de los afectados, realizando nuestra labor con todo el honor que resulta implícito a la profesión. Nosotros somos los que convertimos los hechos brutos en casos judiciales, y en situaciones como la presente, tenemos que ser los primeros que trabajen en pos de la justicia y en conseguir una sociedad mejor. Y es que no hay más satisfacción que resarcir a aquellas personas golpeadas por las injusticias de las altas esferas. Con la gente y sobre todo, por la gente: no podemos negociar con eso. Estoy completamente de acuerdo con la presidenta de la Abogacía Española, la señora Victoria Ortega.

 

Sin embargo, no se puede desoír la advertencia de la diputada socialista Margarita Robles: son tiempos inquietos, inestables, en los que no se trata de que los beneficios económicos cambien de bando, sino de que se haga justicia. Por decirlo en crudo, los abogados no podemos permitir que los afectados se vean emponzoñados por bancos corruptos primero y por despachos codiciosos después. A nosotros, y a nadie más nos corresponde ejercer una labor vigilante. En esta España tan doliente, uno recuerda aquello de “en rio revuelto, ganancia de pescadores”. Ojalá que en el rio revuelto de la crisis el interés no sea el dinero, sino la justicia. Si eso sucede, ganaremos todos.

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