Marina Fernández es una abogada con doce años de experiencia y amplia formación que presta servicios de asesoría jurídica y defensa letrada en Derecho penal, penitenciario y de compliance a particulares y a empresas. Trabaja igualmente como asesora en los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid.
Ha colaborado en labores de defensa en asuntos relevantes como el llamado asunto “Pescanova” o “los Papeles de Bárcenas” y lleva la defensa en otros asuntos de relevancia jurídica o mediática, como el asunto conocido como “la patada en la puerta”. Vid. enlaces:
https://elpais.com/espana/2021-07-16/imputados-12-policias-por-entrar-con-otra-patada-en-la-puerta-en-un-piso-de-madrid-durante-el-estado-de-alarma.html;
https://elpais.com/espana/2022-07-21/la-fiscalia-pide-un-ano-de-carcel-para-cinco-ocupantes-de-un-piso-en-otro-caso-de-patada-en-la-puerta-durante-el-estado-de-alarma.html.
Los servicios que ofrece incluyen la asistencia letrada al detenido 24 horas, la defensa de los intereses del cliente durante el proceso penal tanto en instrucción como en juicio oral (delito leve, juicio rápido, diligencias previas, sumario y tribunal del jurado), ejerciendo tanto la defensa como la acusación particular; presentación de recursos e incidentes de nulidad y tramitación de ejecuciones penales, execuátur y extradiciones.
Estos servicios abarcan la asistencia jurídica en delitos contra las personas (homicidios, lesiones), contra la libertad, integridad moral y libertad sexual (amenazas, abusos y agresiones sexuales), delitos contra la intimidad e inviolabilidad del domicilio, delitos contra el honor (calumnia e injuria) y contra los deberes familiares (impago de pensiones y abandono de familia). Abarcan igualmente los delitos contra la propiedad (hurtos, robos, usurpaciones y extorsiones), defraudaciones (apropiación indebida y estafa) así como los delitos societarios. También incluyen delitos contra la hacienda pública, insolvencias punibles y contra los derechos de lo trabajadores. De la misma forma, su labor se extiende a los delitos de falsedad (falsificación de documentos, certificados y moneda) y delitos contra la seguridad del tráfico, incluyendo los delitos contra la administración pública (prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias) y contra la administración de justicia (denuncia falsa, falso testimonio, obstrucción a la justicia y quebrantamiento de condena).
