Real Decreto Ley del Gobierno sobre medidas urgentes de alquiler

¿Qué pasa ahora con los contratos suscritos durante estos escasos 36 días de vigencia?

Treinta y seis días ha estado vigente el Real Decreto ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda, que aprobó el Consejo de Ministros a instancia del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Tras la no convalidación del Real Decreto Ley, la normativa  que regula los alquileres vuelve a estar en la situación anterior a la aprobación del Real Decreto.

¿Qué pasa con los contratos suscritos durante ese periodo?, ¿Qué validez tiene?, ¿He de firmar un nuevo contrato con fecha del anterior? ¿He de firmar un nuevo contrato que se ajuste a la nueva (antigua) normativa _novación_?

En cuanto a la situación que se genera tras la no convalidación del mencionado Real Decreto Ley  “en el caso de los que se firmaron durante los 36 días que estuvo vigente el Decreto Ley su contrato seguirá vigente y se les aplicará la norma que estuvo vigente durante estos días”,

Uno de los puntos más destacados del decreto Ley era el cambio en la duración de los contratos que pasaba de los tres años a los cinco; o siete años (en el caso de que el arrendador fuera una sociedad).

Todos estos contratos suscritos se sujetarán al régimen jurídico que estableció dicho Real Decreto Ley; por tanto, aun en el supuesto que se hubiese firmado un contrato de alquiler de duración de un año, los que firmaron durante los 36 días podrían contar con una prórroga forzosa de hasta cinco años o siete en el caso de sociedades. 

En resumen, en palabras del presidente de la sección de arrendamientos urbanos del ICAM: “Al final como el decreto no se convalida se vuelve al régimen jurídico anterior. Eso significa que el máximo de años por contrato seguirá siendo de tres años en estos casos”.

Por otro lado las cuantías de los avales también se verán afectadas. La limitación de la fianza de dos mensualidades desaparece. Los arrendadores podrán exigir las garantías que estimen oportunas.

Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato, que pasaban a correr a cargo del casero si era una empresa, serán pagados de nuevo por el inquilino.

También se suspende la exclusión de los alquileres turísticos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que implica que las comunidades de vecinos necesitarán de nuevo aprobar por unanimidad prohibir este tipo de iniciativas. En la propuesta del Gobierno solo se necesitaba mayoría de tres quintos.

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