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PLUSVALÍA MUNICIPAL: BREVE ANÁLISIS

El Tribunal Constitucional (TC) declaró mediante STC (Sentencia Tribunal Constitucional) de 16 de febrero de 2017 la inconstitucionalidad de varios artículos pertenecientes a la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipúzcoa. Este hecho, conviene aclarar, no supone la inconstitucionalidad del Impuesto que grava las plusvalías, ni en Guipúzcoa, ni en el resto del territorio español, sino tan sólo de algunos de los artículos que regulan dicho impuesto.

La declaración efectuada por el TC viene motivada por una “Cuestión de Inconstitucionalidad” que se plantea, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de San Sebastián, ante la duda de si es constitucionalmente correcto aplicar o no determinados artículos de la mencionada norma foral para la resolución del litigio.

Cabe señalar que la norma objeto de revisión constitucional grava la plusvalía en los terrenos de naturaleza urbana, produciéndose el devengo en el momento de la transmisión del bien o derecho. Y utiliza para determinar la existencia o no de ese plusvalía (que siempre es que sí) un criterio objetivo basado en el valor catastral del bien, y en los años en los que éste ha estado bajo titularidad del transmitente. Es decir, no se tiene en cuenta criterio alguno que permita determinar con certeza si efectivamente se ha producido un incremento del valor del bien.

Volviendo a la Cuestión de Inconstitucionalidad, el TC decide pronunciarse contrario a la aplicación de ciertos artículos que dan lugar a que una persona tenga que soportar el pago de una plusvalía cuando ésta no se haya producido, precisando que “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, como sucede cuando la venta del inmueble se produce sin obtener ninguna ganancia o incluso con pérdidas”, igualmente añade que “no podrá crear impuestos que afecten a aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”.

Por esos motivo considera el TC que se está ante una regulación que es contraria, en determinados aspectos, al Principio de Capacidad Económica plasmado en el art. 31.1 de nuestra Carta Magna, que dispone que los ciudadanos contribuirán a los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, capacidad que no se pone de manifiesto cuando, por ejemplo, se transmite un bien por un valor inferior al de su compra, ya que estaríamos, como es claro, ante una perdida y jamás ante una plusvalía, por mucho que una norma, a partir de fórmulas objetivas y totalmente apartadas de la realidad, nos pretenda imponer lo contrario.

Por último, conviene señalar que el alcance de la declaración de inconstitucionalidad en este caso se circunscribe a la norma foral, ahora bien, por su similitud con el TRLHL (Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales), cabe entender que aquello que en esta última ley se prevea, y sea contrario a lo dispuesto en la STC que nos ocupa, habrá por analogía de ser inaplicado por inconstitucional.

La consecuencia de lo anteriormente expuesto, para un ciudadano que se vea o haya visto afectado por este impuesto cuando no se produjo incremento real en el valor del bien o derecho transmitido, debe entenderse como la posibilidad de reclamar la devolución de aquello que indebidamente se pagó.

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