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ILEGALIDAD CAMARAS SEGURIDAD

Cámaras de seguridad e ilegalidad probatoria

El uso de cámaras de videovigilancia es uno de los sistemas más comunes de protección en puestos de trabajo, amparado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Ahora bien, ¿hasta qué punto tiene validez probatoria en un proceso judicial?

Es muy habitual llevar a las vistas judiciales como prueba la grabación de imágenes bien en lugares públicos o en recintos privados, pero no siempre la validez de las mismas tiene su reconocimiento judicial. Dependiendo del tipo de procediminto, delito  o cuestión de derecho que tratemos, de las autorizaciones y advertencias establecidas en la captación y el tipo de imágenes, nos podemos encontrar con fallos totalmente contradictoriso, aún del mismo Tribunal. 

Uno de los requisitos fundamentales requeridos para la instalación de un sistema de videovigilancia permanente es la previa información a los empleados. Esta tesis es la apoyada por la STC núm. 29/2013 de 11 de febrero, que declara la omisión de esta obligación como una violación del artículo 18.4 CE, en cuanto al derecho al honor y a la intimidad en relación con el uso de la informática. Asimismo, en STC 39 núm. 39/2016 de 3 de marzo de 2016 no se consideró infringido este derecho en el caso de que se indique mediante una señal la instalación de la videovigilancia, siendo conforme al artículo 5 LPD y a la Instrucción 1/2006.

Volviendo el supuesto de hecho presente, la Audiencia considera que la empleadora “le está poniendo cebos o trampas para comprobar sus actos, con lo que queda comprometida su intimidad (…), razones por las que decimos que resulta cuanto menos dudosa la legalidad de la prueba”. Sin dicha prueba, la sentencia anterior no podría haber llegado a la conclusión condenatoria, y la misma es considerada irregular.

En esta línea, apremia la Audiencia al uso de pruebas más legítimas como una prueba testifical que acreditase la existencia de la suma dineraria total de más de 9.000 euros y su posterior desaparición, siendo irregular la grabación donde se ve a la acusada sustrayendo 200 euros. Por este motivo decide el tribunal estimar el recurso de apelación y absolver a la trabajadora.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Haciendo referencia a otro caso más reciente, la resolución también cita a la STEDH de 9 de enero 2018, Caso López Ribalda, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que el uso de cámaras no respetaba el principio de proporcionalidad. El Tribunal consideraba que, aunque se trataba de un modo de proteger el interés legítimo del propietario, la imagen constituye uno de los principales atributos de personalidad, siendo su protección un aspecto fundamental.

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