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VULNERACION DERECHO HONOR

VULNERACION DERECHO HONOR

¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que nos han incluido en un fichero de morosos, y resulta que:   ni teníamos conocimiento de ellos, ni la deuda era correcta,  incluso en ocasiones la deuda estaba pagada?

La mayoría de las veces resulta  que la entidad que nos incluye en dicho registro no nos ha comunicado previamente o requerido de pago para proceder a la inclusión de nuestros datos en el registro de morosos.

Los datos que se dan de alta en dichos registros, son datos a los que acceden las entidades bancarias y otras personas que quieren contratar con nosotros  e incluso que piden datos de nuestra solvencia, lo que nos puede suponer un problema en ocasiones, dañar nuestro  prestigio personal y nuestro honor.

Para defender nuestros derechos,  lo mejor es reclamar contra la intromisión ilegitima a nuestro Derecho al Honor,  y pedir una indemnización por ello, además de la cancelación de los datos en dicho fichero.

El Tribunal Supremo STS, Sala de lo Civil, de 25 de abril de 2019 ha resuelto:


En primer lugar, respecto a la protección de datos de carácter personal, el Supremo expresa:
“Que los acreedores no puedan utilizar la inclusión de los datos de sus clientes en estos registros como método de presión para lograr el cobro de deudas discutidas, como hemos declarado ya en varias sentencias, no significa que sea necesaria una condena judicial como requisito previo para poder incluir los datos de un deudor en uno de estos registros, que no son registros de sentencias condenatorias, ni que cualquier oposición del deudor a la reclamación de la deuda, por infundada que sea, impida que sus datos sean comunicados a uno de estos ficheros sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias”.
En segundo lugar, expresa que el cumplimiento de la normativa que regula la protección de datos de carácter personal es, por tanto, determinante para decidir si, en el caso de inclusión de los datos de una persona física en un registro de morosos, la afectación del derecho al honor constituye o no una intromisión ilegítima. Si el tratamiento de los datos ha sido acorde con las exigencias de dicha legislación (es decir, si el afectado ha sido incluido correctamente en el registro de morosos), no puede considerarse que se haya producido una intromisión ilegítima porque la afectación del honor estaría 'expresamente autorizada por la Ley'.
Sobre el requerimiento de pago previo, el Supremo menciona la STS nº 740/2015, de 22 de diciembre, en la que ya ha declarado que:
“el requisito del requerimiento de pago previo no es simplemente un requisito 'formal', de modo que su incumplimiento solo pueda dar lugar a una sanción administrativa. El requerimiento de pago previo es un requisito que responde a la finalidad del fichero automatizado sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, que no es simplemente un registro sobre deudas, sino sobre personas que incumplen sus obligaciones de pago porque no pueden afrontarlas o porque no quieren hacerlo de modo injustificado. Con la práctica de este requerimiento se impide que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.
En el presente caso, consta que el demandante había mantenido negociaciones con la entidad demandada para cancelar el préstamo mediante la dación en pago de la finca hipotecada. Por tal razón, cobraba todo su sentido el requisito del requerimiento previo de pago con advertencia de inclusión en uno de estos ficheros, de modo que el demandante tuviera plena certeza de que no era posible llegar a una solución como la que había ofrecido a Caixabank (la dación en pago), pudiera explorar otras vías para solucionar la situación de impago del préstamo, tuviera plena consciencia de que sus datos iban a figurar en un registro de morosos y pudiera comprobar, al menos, que los datos incluidos en el registro eran correctos”.
Concluye por tanto que:
“En el caso objeto del recurso, el tiempo durante el que los datos del demandante estuvieron incluidos en el registro de morosos no fue de cuatro años, como se dice en la sentencia de primera instancia, sino de algo más de tres años y dos meses, por lo que el cálculo de las consultas que pudieron hacerse a tales datos ha de ser inferior al hecho en dicha sentencia. Además, según se afirma en la propia demanda, Caixabank canceló dichos datos en cuanto tuvo conocimiento de la personación del demandante en el proceso de ejecución hipotecaria, por lo que el demandante no tuvo que soportar un proceso complicado para obtener la cancelación de tales datos. Teniendo en cuenta esos datos, que se indemniza exclusivamente el daño moral, que el demandante era un profesional en el sector en el que operan varias de las empresas que consultaron los datos, y tomando en consideración las indemnizaciones medias que este tribunal ha fijado en otros supuestos similares, procede reducir sensiblemente la indemnización, hasta fijarla en la cantidad de 10.000 euros”.

Cualquier duda sobre este asunto, pueden dirigirse al despacho para concretar una reunión y tratar el asunto.

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