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La prueba pericial, el perito y el procedimiento

Don Ferran González i Martínez.-Ltdo. La prueba pericial es aquella que aporta al proceso, mediante el dictamen pericial, conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos que permiten al juez valorar la existencia de hechos, la manera de ser de éstos, o que le permite conocer el contenido o sentido de otras pruebas practicadas en el seno del procedimiento judicial. Esta definición que nos emite Cortés nos sirve de punto de partida a fin de centrar el extenso mundo de la pericia judicial, su objeto, aspectos subjetivos y regulación legal actual, habida cuenta que en la actualidad nos encontramos ante una institución eficazmente regulada y a su vez ampliamente desconocida. La pericia es, ciertamente, una actividad plenamente procesal, en virtud de la cual una o varias personas expertas en materias no jurídicas, elaboran y transmiten al tribunal información especializada dirigida a permitir a éste el conocimiento y apreciación de hechos y circunstancias fácticas relevantes y controvertidas en el proceso. Podemos asegurar que el perito cumple la misión de transmitir dichos hechos o circunstancias en el proceso judicial, proporcionando al juzgador la información técnica o especializada necesaria para la valoración y apreciación de material fáctico que incluye premisas, conceptos o efectos propios de la ciencia, el arte, la técnica o la práctica que están fuera de los conocimientos jurídicos y también de la cultura media o comúnmente exigible. El jurista Esparza Léíbar conviene en referirse así en que “la llamada prueba pericial es un medio de prueba consistente en la emisión, previamente a la resolución de un asunto concreto, de un dictamen sobre alguna de las materias (aptas para quedar sujetas a la actividad probatoria) que constituyen el objeto del proceso, por persona experta ajena a la misma que deberá poseer conocimientos especializados científicos, artísticos o prácticos que el juez precisa para valorar mejor las afirmaciones de hechos y circunstancias que constituyen el objeto de la prueba”. Tenemos así, la capacidad de sistematizar la actividad pericial en tres notas características, conforme a los estudios realizados por el profesor Flores Parda: Informe jurídico sobre el perito judicial pág.2 a) Siempre la actividad pericial es una actividad de naturaleza consultiva e instrumental. La actuación profesional del perito stricto sensu consiste en la evacuación de una opinión fundada, dícese, en el dictamen conforme a su ciencia (ciencia en el aspecto más amplio). Nunca el perito a través de su informe o su ratificación judicial decide ni resuelve. Suministra datos, conclusiones y opiniones al juzgador. b) En todo momento hablamos de una actividad rogada, dícese, solicitada a instancia de otra persona, o entidad, distinta del perito. La pericia, en general, no depende ni se ve alterada por el hecho de que la decisión recaiga sobre una cuestión controvertida ni por parte de quién provenga su solicitud. El perito es un profesional independiente que emite su juicio de valor a instancias de la solicitud que le proviene externamente. c) Y en tercer lugar, es el resultado de un proceso complejo, que se compone a su vez y principalmente de dos fases, la fase de análisis y el dictamen (o fase de conclusiones). La primera fase, de análisis, comprende el conjunto de operaciones destinadas al reconocimiento del objeto de la pericia. La fase de conclusiones describe las operaciones realizadas y las conclusiones alcanzadas tras el examen correspondiente. Este dictamen puede emitirse de forma oral o escrita, individualmente o en conjunto con otros peritos. El sistema actual de la prueba pericial en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero afortunadamente clarifica que la misma es una plena prueba indiciaria para el juzgador y no un mero “auxilio judicial” como en la anterior regulación civil de la ley de 1880. No es poco importante dicha circunstancia, pues a partir de dicho enfoque, el perito judicial adquiere un valor y reconocimiento que conlleva a su clasificación, conforme al artículo 335.1 de la Ley Rituaria Civil: a) Perito de parte, el que elabora el dictamen pericial elegido directamente por la parte que se trate (actor o demandado). Debe cumplir las características referidas anteriormente y en concreto el poseer y acreditar conocimientos Informe jurídico sobre el perito judicial pág.3 correspondientes al objeto de la pericia (artículo 335 de la LEC). Evidentemente, los peritos de parte, pueden ser tachados por cualquier causa que les desmerezca profesionalmente. Por encima del título cobra ahora importancia la persona del perito y la cualificación de sus conocimientos especializados, conforme a la doctrina de Flores Prada. Podrá ser tachado el perito si concurre alguna de las siguientes características: 1) ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores 2) tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante 3) estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores 4) amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados 5) cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto profesional b) Peritaje a instancia judicial. Implica que las partes no aportan dictamen alguno con los actos de alegación y prefieren esperar a la pendencia del proceso y generar un dictamen dentro del mismo, conforme al art.339 de la Ley. También en los asuntos donde alguna de las partes es beneficiaria de la justicia gratuita, puesto que entonces es el Decanato quien encarga al perito la pericial. Asimismo, en otros casos, estado civil de las personas y filiación, siempre son a instancia judicial. Las características de estas periciales deben de ser las mismas que las de instancia de parte, obviamente, habida cuenta de la profesionalidad que la ley exige de los peritos. Los peritos a instancia judicial no podrán ser objeto de tacha, pero si de recusación por los motivos tasados por la ley. En cuanto al procedimiento para la designación de estos peritos, conforme al artículo 342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se Informe jurídico sobre el perito judicial pág.4 requerirá al perito por parte del juzgado para que en el plazo de cinco días desde su designación acepte o no el cargo. Si acepta el cargo, deberá conforme al art.335 de la ley: “bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.” En el supuesto de que dispusiere de justa causa que le impidiere la aceptación, y el juez la admitiera, se designará nuevo perito del listado de que dispone el juzgado. Es conveniente solicitar, dentro de los tres días siguientes a los de su nombramiento, provisión de fondos que considere necesaria, a cuenta de la liquidación final. El juez acordará y en su caso requerirá a las partes a fin de que ingresen en la cuenta de consignaciones del juzgado dicho importe, a no ser que exista oposición fundada de alguno de los intervinientes. Una vez ingresada, dicha provisión resta a disposición del perito, quien deberá solicitarla del juzgado, mediante escrito sucinto. Si en el plazo de cinco días desde la solicitud del juez a las partes estas no proveyeran conforme a lo acordado, el perito quedará eximido de emitir el dictamen. -Una vez acordada y aceptada la pericia, el perito deberá proceder, dentro del plazo que se le otorgue, conforme al artículo 346-LEC, a emitir por escrito su dictamen, tras haberse copiado cuanta documentación necesite de los autos, actuación que debe de facilitarse en su máxima expresión por los funcionarios públicos de juzgados. Asimismo, la nueva legislación procedimental civil, nos apunta la posibilidad de que las partes y sus defensores podrán presenciar las operaciones tales como el reconocimiento de lugares, objetos o personas. Verbi gracia, la valoración de un solar, sus lindes, características, etc.. Siempre y cuando dicha presencia no impida o estorbe la labor pericial y se pueda garantizar el acierto e imparcialidad del dictamen. Informe jurídico sobre el perito judicial pág.5 El perito dispone aquí de cuantas comodidades judiciales necesite para poder proceder a su encargo oficial. Dícese, en los Decanatos de los Juzgados de una sala, del acceso a depósitos judiciales, médicos, sanitarios, registros, etc.. y cuanto necesite para emitir un informe real, objetivo y adecuado al objeto de la pericia. -Una vez emitido el informe, del mismo se dará traslado a las partes por si estiman oportuno que el perito concurra a la vista del juicio a fin de aportar las aclaraciones o explicaciones oportunas. El juez valorará si es conveniente o necesaria dicha comparecencia. En el supuesto de que el juez acuerde que el perito asista al acto del juicio, las partes podrán pedirle: a) exposición completa del dictamen b) explicación del dictamen o de algunos de sus extremos c) respuestas a preguntas y objeciones sobre el método, premisas y conclusiones emitidas d) respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, por si pudiera llevarse a cabo en el mismo acto y a efectos, en cualquier caso, de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilización de la ampliación, así como del plazo necesario para llevarla a cabo e) crítica del dictamen de que se trate f) formulación de tachas que pudieran afectarle. -En cuanto a la valoración de la prueba pericial emitida por el perito, es por ello que podemos resumir, apuntando las críticas doctrinales que al respecto florecen, que el legislador apuesta por las reglas de “la sana crítica”, que sitúa el sistema de valoración de la prueba en la órbita de la libre apreciación y somete los criterios de valoración a las reglas y principios de la racionalidad, razonabilidad, lógica y experiencia judicial. El profesor Montero entiende que “el acierto al referirse a la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica radica, precisamente, en poner de manifiesto que prueba libre no es igual a prueba discrecional, sino a prueba en la que es el juez el que tiene que precisar las máximas de experiencia utilizadas y desde las que ha llegado a su conclusión probatoria, frente a otros ordenamientos en los que, como reacción contra la prueba legal se pone el acento en la libertad del juzgador, el español pone el énfasis en la racionalidad que ha de estar en la base de la valoración” Informe jurídico sobre el perito judicial pág.6 -En aplicación a todo lo anteriormente expuesto, nos remitimos en cuanto a la fundamentación jurídica: -Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000 de 7 de enero, en concreto Libro II, Título I, capítulo VI, sección V. -Código Civil -Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, y en especial Libro II, títulos XIX y XX. Bibliografía básica: El Proceso Civil de Don José Flors Matíes, Don Vicente Guzmán Fluja y otros, Ed. Tirant lo Blanch. El dictamen de Peritos en la ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de Esparza Léibar, Valencia, 2000. La prueba pericial en el proceso civil, prensa, Flores Prada, Valencia, 2001. Informe emitido en la Ciudad de Valencia, por el Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia Don Ferran González i Martínez, salvo mejor derecho u opinión, a los efectos oportunos. Don Ferran González i Martínez.-Ltdo.

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