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Sin apoyos a las empresas con problemas patrimoniales.

Desde el año 2008 ha estado en vigor el Real Decreto Ley 10/2008 que, en determinados casos, permitía a las empresas con problemas patrimoniales, no instar la disolución de la compañía con fondos propios inferiores a los legalmente exigibles, salvaguardando de este modo las responsabilidades de los administradores de dichas empresas.

La norma, prorrogada por el Gobierno desde 2008 hasta 2014, determinaba que, de forma extraordinaria, no se computarían las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias o las existencias.

Principalmente se quiso evitar el cierre de empresas del sector inmobiliario que, como consecuencia de los deterioros indicados, tuvieran un patrimonio neto inferior a la mitad del capital social y por tanto estuvieran inmersas en causa obligatoria de disolución de la compañía por pérdidas sociales.

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