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ME CASÉ EN EL EXTRANJERO Y NO REGISTRÉ MI MATRIMONIO EN ESPAÑA ¿PUEDEN PEDIRME EL DIVORCIO EN ESPAÑA

La respuesta es SI. La LOPJ en su artículo 22 y el Reglamento comunitario 2201/2013 del Consejo de la UE, establecen la competencia de los tribunales españoles para conocer de los procedimiento de nulidad, separación y divorcio, cuando ambos posean residencia habitual en España en el momento de interponer la demanda.

Cuestion distinta es que el matrimonio no se encuentre inscrito en el Registro Civil Central, pero no puede exigirse su inscripción previa en dicho registro para admitir a tramite la demanda, puesto que la inscripción no es un requisito constitutivo del matrimonio, solo tendrá trascendencia la falta de inscripción del matrimonio, al efecto que no podrá inscribirse de oficio la sentencia en el Registro Civil Central. La demanda debe admitirse a trámite y seguir su curso procesal hasta dictarse sentencia, la cual gozará de efectividad, puesto que podrá solicitarse su posterior exequatur.

Por todo lo señalado, para la admisión a trámite de la demanda debe acreditarse el matrimonio, bastando para ello la certificación registral expedida por la autoridad competente del pais en donde se contrajo matrimonio, siempre que la misma reuna los siguientes requisitos:

1.- se consideran documentos publicos, los documentos extranjeros a los que en virtud de tratados o convenios internacionales o leyes especiales, se le haya de attribuir fuerza probatoria conforme al articulo 319 de la LEC.

2.- Si no es de aplicacion ningun tratado o convenio inernacional ni ley especial se consideraran documentos publicos los siguientes

- que, en el otrorgamiento o confeccion del documento se hayan observado requisitos que se exijan en el pais donde se haya otorgado para que el documento haga prueba plena en juicio

- que el documento contenga la legalización o apostilla y los demas requisitos necesarios para su autenticidad en España.

3.- Cuando los documentos extranjeros, a los que se refieren el apartado 1 y 2, incorporen declaraciones de voluntad, teniendose estas declaraciones por probadas, siendo su efecacia la que determinen las normas españolas y extranjeras aplicables en materia de capacidad, objeto y forma de los negocios juridicos. 

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