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¿Cuánto cuesta reclamar un accidente?

Los costes de reclamación por daños personales cuando se ha sufrido un accidente variará en función del caso concreto.

A los costes del tratamiento y las pruebas médicas complementarias habrá que añadir los honorarios de los profesionales que precisemos si queremos enfrentarnos al proceso con mayores garantías. No obstante, en materia de accidentes de tráfico, en muchas ocasiones todos estos costes estarán cubiertos por la póliza de seguro del vehículo

Abogado: los honorarios variarán en función del profesional elegido.En los últimos tiempos, se ha generalizado la utilización de la denominada "cuota litis", en virtud de la cual, el abogado percibe como honorarios un porcentaje de la indemnización percibida por el lesionado. En muchas ocasiones suele solicitarse una provisión de fondos a cuenta de la liquidación final de honorarios.

Procurador: solo será necesario en caso de reclamación judicial que supere los 2.000 euros. Sus derechos y suplidos están recogidos en los baremos publicados por los distintos Ilustres Colegios de Procuradores. 

Perito valorador del daño: su intervención es relevante a la hora de valorar el daño para cuantificar la indemnización, siendo una prueba indispensable en caso de acudir a la vía judicial. Su coste puede variar de un profesional a otro, y en función de las lesiones a valorar, según una horquilla que puede ir desde los 300-400 euros hasta los 1.500-2.000 euros (informe + asistencia a juicio). 

No obstante, los honorarios de los distintos profesionales suelen abaratarse si se acude para la reclamación a un abogado especialista en accidentes ya que, por volumen, suele contar con una red de colaboradores fijos de cara a minimizar estos costes y facilitar el proceso al lesionado. 

Además, si se trata de un "gran lesionado", probablemente sean necesarios otros informes adicionales, como el informe pericial social, informe psicológico, etc., además de pruebas complementarias como RMN, TAC, y otros. En estos casos deviene más importante si cabe la intervención de un especialista, dada la dificultad para cuantificar los conceptos indemnizatorios según baremo establecido por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre. 

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