GASTOS EN DEFENSA JURÍDICA COMO DEDUCCIÓN DEL IRPF EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA.

     HE TENIDO UN PROBLEMA LABORAL, EN EL QUE HE TENIDO QUE RECURRIR A UN ABOGADO, ¿ESTOS COSTES DE DEFENSA JURÍDICA SON DEDUCIBLES ANTE LA RENTA (IRPF)?

     Esto es lo que nos preguntan en varias ocasiones nuestros clientes (y no clientes), e igualmente por propia iniciativa en los procedimientos laborales que llevamos, informamos de ello. Debemos comenzar hablando de los gastos que se pueden deducir de los rendimientos del trabajo en el IRPF, los cuales además de ser pocos, vienen recogidos en una lista “cerrada”, es decir, no se permite deducir otros gastos que los establecidos expresamente en la Ley del Impuesto.

      Tienen la consideración de gastos deducibles de los rendimientos del trabajo personal, en el IRPF, tal y como se establece en el artículo 19 letra e)de la Ley del IRPF exclusivamente los siguientes:

  • Cotizaciones a la seguridad social, mutualidades generales obligatorias de funcionarios, derechos pasivos y colegios de huérfanos o entidades similares.
  • Cuotas satisfechas a sindicatos.
  • Cuotas satisfechas a colegios profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio para el desempeño del trabajo, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, límite 500 euros anuales.

    GASTOS DE DEFENSA JURÍDICA DERIVADOS DIRECTAMENTE DE LITIGIOS SUSCITADOS EN LA RELACIÓN DEL CONTRIBUYENTE CON LA PERSONA DE LA QUE PERCIBE LOS RENDIMIENTOS, LÍMITE DE 300 EUROS ANUALES

     Es en el último punto en el que esta ocasión nos vamos a detener. La deducción de los gastos derivados de la defensa jurídica por litigios contra la persona de la que se perciben dichos rendimientos del trabajo, es decir, los derivados directamente de conflictos-litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos (es decir, su empleador), son deducibles con el límite de 300 euros anuales.

     Dicho lo anterior, para que haya tal deducción no hace falta que se termine en el juzgado, sino que el mero hecho de que exista realmente un conflicto y la necesidad por tanto de contratar los servicios de asesoramiento de un profesional ya sea abogado, graduado social o procurador hacen que se pueda dar por aplicado el artículo 19.e) de la Ley del IRPF. Esto sucede en ocasiones en las que existen conflictos por despidos, extinción de contrato, fraude laboral, reclamaciones de cantidad… todo ello respetando siempre el límite de 300 € anuales e igualmente justificado a través de facturas que el profesional de turno le deba emitir (nosotros emitimos siempre factura, pero hay profesionales… que se les “olvida” realizarlas).

     Dichos importes se pueden deducir en el año en que se pagan, no es necesario que se haya cerrado el procedimiento judicial. Siempre teniendo en cuenta que existe, como hemos dicho, un máximo de deducción de 300€.

     ADEMÁS, EXISTEN DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE VIENE A ESTABLECER DEDUCCIONES TAMBIÉN.

  Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, existe una deducción en el IRPF autonómico por el mismo concepto, concretamente en la Ley 17/2011 de 23 de diciembre, en su artículo 15.ter, con un limite de 200 euros. Ambas deducciones (estatal y autonómica) son compatibles entre si, con el limite conjunto del importe de los gastos de defensa jurídica facturados, pudiendo deducirse también el IVA. Es decir, en la parte estatal nos deduciríamos 300 € y en la parte autonómica 200 €.

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