Plagiando tesis doctorales: ¿delito?

Dentro de los delitos contra la propiedad intelectual, vamos a comentar una situación no tan rara como debiera: el de directores de tesis o trabajos de fin de grado que “fusilan” abiertamente el trabajo de sus alumnos o de doctorandos para publicarlo ellos después, a su nombre, en revistas y publicaciones académicas o incluso publicando un libro.

Recordemos que el artículo 270.1 CP, en lo que aquí importa, castiga a quien, con ánimo de obtener un beneficio económico y en perjuicio de tercero, plagie y/o distribuya, en todo o en parte, una obra científica sin la autorización de los titulares.

Así, si un profesor universitario decide introducir varias decenas de páginas del trabajo de un alumno, en una publicación  en la que consta su nombre, omitiendo el del verdadero autor, parece encajar perfectamente con el tipo penal.

Cosa aparte, por supuesto, son las obras colectivas o en colaboración, que quizá abordemos en  otro momento: varios autores reunidos bajo un solo título, ya sea constando todos como coautores, con el mismo grado de autoría, o en un trabajo coordinado por uno de ellos.

Volviendo al plagio académico, para quien no es especialista en derecho de la propiedad intelectual, resultaría evidente que el plagio que ejerce el señor catedrático sobre el flamante doctorado. Sin embargo, hay que recordar que el código penal no es un texto moral que castiga aquello que nos parece repugnante: cada delito tiene una serie de elementos que deben cumplirse para que pueda condenarse. Elementos que ni los jueces ni los abogados decidimos: están en la ley y, en materia penal, debe ésta interpretarse lo más prudentemente posible.

Pues bien. Interesa aquí el elemento del delito que se contiene en la expresión “con ánimo de obtener un beneficio económico“.

En la SAP de Vizcaya de 19 de mayo de 2009 encontramos cómo el director de una tesis doctoral de la Universidad del PAís Vasco había plagiado 100 páginas de esa tesis para incluirla como suya en un libro que publicaría después. Existía contrato de edición (10% del PVP de los ejemplares vendidos para el autor). Sin embargo, se absolvió del delito de plagio con el siguiente fundamento:

” inexistencia de tales perjuicios económicos como se deduce de que el acusado no llegó a obtener ninguna remuneración económica porque según el relato de hechos probados las ventas de 116 ejemplares solo reportaron al Servicio Editorial de la UPV, deducidos costes, la cantidad de 196,13 euros sin que el acusado recibiera remuneración económica alguna por derechos de autor, a lo que debe añadirse que la obra de Pedro Miguel era una tesis doctoral que no había sido explotada comercialmente, por lo que la acción del acusado careció de la potencialidad precisa para causar perjuicios económicosque exige la figura delictiva del articulo 270.1 del código penal a través de la cual se están protegiendo los derechos“.

Es decir, que como no cobró el plagiador lo que le correspondía, no existió ánimo de lucro. Y puesto que la tesis no había sido publicada, tampoco hubo perjuicio para el tercero (el plagiado). Sin ánimo de lucro y sin perjuicio de tercero no se dan todos los elementos del tipo.

Señalamos, eso sí, que en el momento de los hechos, el artículo 270 exigía que hubiese perjuicio (con perjuicio de terceros),  mientras que la actual redacción habla de “en perjuicio de terceros”: Este matiz se explica aquí.

De hecho, la actual redacción habla de “con ánimo de obtener un beneficio económico”, aunque tampoco nos ayuda mucho, pues que dicho beneficio sea económico sólo significa que puede cuantificarse de alguna manera y podría muy bien serlo de una manera indirecta.

Lo cierto es que sin ánimo obtener un beneficio económico, no hay delito de plagio.

Aunque tiene que ver con el plagio de  un  programa de ordenador,la SAP de Vigo de  21 de Noviembre de 2014  explica así qué debe entenderse por ánimo de lucro: esta expresión aparece en otros preceptos penales, especialmente los relativos a delitos contra la propiedad como el robo, el hurto, la estafa o la apropiación indebida, y hay una sólida doctrina legal que sostiene que equivale a intención de obtener cualquier ventaja, aprovechamiento o utilidad( STS. 411/2004 de 25 de Marzo EDJ 2004/31433 , 1.100/2002 de 13 de junio EDJ 2002/27808).

Pero no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que interprete ese requisito del ánimo de lucro concretamente en los delitos contra la propiedad intelectual. Entonces:

“un concepto de “ánimo de lucro” tan extenso como el usado habitualmente en otros delitos contra la propiedad, unido a la amplitud de las conductas típicas descritas en el art. 270 del C.Penal , conduciría a una extensión inusitada de la represión penal en este ámbito, Y es que, como hemos visto en la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, propugna precisamente que el “ánimo de lucro” propio de estos delitos y exigible conforme al art. 270 C.Penal , puede entenderse no con el contenido tradicional ya expuesto, sino como expresivo de una intención de lucro “comercial” o “a escala comercial”.

 Es decir, que como el artículo 270 CP es tan amplio, si además damos amplitud a lo que pueda entenderse por “ánimo de obtener beneficio económico”, serían miles los hechos que, por un motivo u otro pudieran entenderse penalmente reprochables,  porque algún mínimo provecho podría existir siempre en beneficio de alguien. Así que, por esto, entiende la AP de Vigo que  “las conductas típicas sólo son penalmente relevantes si han sido realizadas por el sujeto activo con ánimo de lucro, entendiéndose por éste unlucro “comercial” o “a escala comercial”.

Relegando así, dice,  “al ámbito de las infracciones de carácter civil los supuestos de vulneración de derechos en los que puede estar implícito un propósito de algún tipo de ventaja o beneficio distinto al comercial”.

Así las cosas, pensamos que queda penalmente desprotegido, por ello, el autor que sufre un plagio que no persiga beneficio económico pero sí un lucro muy distinto y, pensamos, más susceptible de castigo: en el ámbito académico, estamos hablando no ya del  prestigio (que puede protegerse civilmente), sino del escalafón docente, de los méritos y puntos que permiten acreditarse como titular o como catedrático, de la remuneración que, según las CC.AA., se otorga a aquellos docentes que publican un número determinado de trabajos. Aquí sí hay un beneficio económico, aunque quizá de escasa importancia, si bien no forzosamente menor que el lucro que se obtiene habitualmente con la publicación de un libro de contenido académico y especializado. Este lucro, en todo caso, debería poder acreditarse para, quizá, conseguir que los hechos pasen a integrar el tipo delictual.

Esgrimir, por ultimo, como hace la sentencia comentada, que no estando publicada la tesis, no se generaba un perjuicio, hoy no sería de recibo por el matiz arriba señalado entre “con perjuicio” y “en perjuicio de”. Pero tampoco parece de recibo estimar que no existe perjuicio porque la tesis no está publicada cuando, precisamente, la  publicación por el plagiador impedía la publicación del verdadero autor del trabajo académico.

Ignacio Molano Ponce de León

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